El Contralor General, Nelson Shack, reveló que se ha identificado a un total de 3547 funcionarios y servidores públicos (únicos) con algún tipo de presunta responsabilidad (penal, civil y/o administrativa) en los informes de control posterior emitidos en lo que va del año, a nivel nacional. Algunas de estas personas, tienen más de un tipo de responsabilidad.
Shack Yalta indicó que cuando se identifica presunta responsabilidad penal y/o civil a funcionarios y servidores públicos, corresponde a la Procuraduría Pública entablar las acciones legales ante las instancias correspondientes (Poder Judicial o Ministerio Público).
Sin embargo, explicó que, debido a la actual sobrecarga procesal, quienes cometieron presuntos delitos de corrupción o diversidad de inconductas funcionales ocasionando un serio perjuicio económico al Estado, y continúan en sus puestos o no reciben una sanción oportuna, incrementa la sensación de impunidad en la administración pública.
Aclaró que la Contraloría General ha recuperado recientemente la facultad de sancionar administrativamente con la inhabilitación para ejercer la función pública hasta por cinco años, a quienes cometieron infracciones administrativas graves o muy graves, recién a partir del 21 de julio del 2021, fecha en que entró en vigencia la Ley N.º 31288.
Subrayó que la sanción administrativa que se aplica como consecuencia de un Procedimiento Administrativo Sancionador (PAS) se realiza en forma independiente de las acciones legales que puede iniciar en materia civil y penal, ante el Ministerio Público y el Poder Judicial, como resultado de los informes de control emitidos en los servicios de control posterior.
Indicó que, a partir del 2022, la Contraloría estará en capacidad de aplicar las sanciones administrativas PAS a quienes incurren en inconducta funcional con la finalidad de separarlos temporalmente del Estado para que no sigan haciendo daño y ocasionando un perjuicio al Estado.
Shack Yalta brindó estas declaraciones durante la reunión que sostuvo con el Gobernador Regional de Cusco, Jean Paul Benavente García; los congresistas del Cusco, Ruth Luque, Kathy Ugarte y Luis Aragón; así como también con los consejeros regionales de Cusco; con quienes se reunió a fin de informar sobre las acciones de control en marcha y evaluar la ejecución de las obras y servicios públicos, en beneficio de la ciudadanía cusqueña.
Megaoperativo de control en Cusco
El Contralor General anunció que en marzo próximo se desplegarán a Cusco cientos de auditores provenientes de distintas regiones para ejecutar un Megaoperativo de Control con enfoque territorial, donde evaluarán la contratación de obras, provisión de bienes y prestación de servicios de mayor impacto social y económico, los cuales preocupan a la población.
Recordó que el departamento del Cusco maneja un presupuesto de S/ 7500 millones anuales en promedio, para los cuales solo se cuenta con alrededor de cien auditores en la Gerencia Regional de Control Cusco, por lo que resulta necesario realizar una intervención de esta magnitud.
Retraso en la Vía Expresa del Cusco
En la víspera, Shack Yalta supervisó la obra Vía Expresa del Cusco, importante megaproyecto de la región donde se invierte más de S/ 289 millones y donde se está realizando un servicio de control concurrente a cargo de una comisión de control proveniente de Lima.
Informó que esta obra registra un avance del 15% cuando debería estar en un 20% de ejecución. Además, se están detectando interferencias en el tramo de la obra, los cuales no fueron considerados en su totalidad en el expediente técnico. Este hecho, sino se toman oportunamente las medidas pertinentes, podría generar un retraso de dos a tres meses, calculó.
Reunión con la cadena anticorrupción
Como parte de la jornada de supervisión y control denominada Despacho Contralor, se reunió con las autoridades que conforman la cadena anticorrupción en Cusco para coordinar acciones estratégicas que puedan implementar en forma conjunta para optimizar sus resultados.
En dicha reunión de trabajo participaron la titular de la Corte Superior de Justicia, Yenny Delgado Aybar; el presidente de la Junta de Fiscales Superiores, Carlos Pérez Sánchez; el jefe de Inteligencia de la Séptima Macro Región Policial, Crnel. PNP. Antonio Loreño Beltrán, la jefa de la Oficina Defensorial, Rosa Santa Cruz Córdova; y la representante de la Procuraduría Pública Anticorrupción, Erika Blanco Lucana. Además, la Gerente Regional de Control Cusco, Smith Flores Vásquez.
