Cifras que apenan. Juan Antonio Enríquez García es el confeso secuestrador y violador de una niña de 3 años en Chiclayo. Fue internado en el penal de Picsi para cumplir prisión preventiva mientras dure el proceso que, si se cumple la ley, terminará con una condena a cadena perpetua.
En tanto, dos días antes, Dustin Gaona Ampuero, de 41 años, fue sentenciado a la pena máxima por violar a una adolescente de 13 años en Moquegua. El abuso ocurrió, en reiteradas oportunidades, entre el 2013 y el 2014. Tuvo que pasar casi una década para que llegase la condena.
La semana pasada, Gian Barrios, de 24 años, recibió prisión preventiva tras ser acusado de violación de un niño de 6 años en un colegio de Comas. Semanas antes, el 22 de marzo, el Poder Judicial condenó a 30 años de cárcel a Luis Carrasco, de 31, por violar a un niño desde los 7 hasta los 12 años en Tumbes. Está prófugo desde el 2017.
Los abusos sexuales contra niños y adolescentes en Perú no son hechos aislados. Según estadísticas del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), más de 21 mil menores han sido víctimas de violación solo en los últimos cuatro años. Se trata de un promedio de 15 menores ultrajados cada día.
Al considerar la violencia sexual en general (violación, acoso, hostigamiento y actos contra el pudor), la cifra se incrementa a 49.009 menores víctimas del 2018 a febrero de este año.
Actualmente hay 10,104 presos por violación sexual de menores en el país. Este es el delito con más internos, después del robo agravado.
Un mal arraigado
La agresión cometida por Enríquez García ha motivado desde el miércoles marchas y plantones por todo el país. Madres, padres, colectivos ciudadanos y organizaciones sociales han salido a las calles para exigir justicia. Detrás de la indignación por la extrema crueldad de este caso, hay también hartazgo de que las historias se repitan.
“No son hechos aislados. Hablamos de miles de violaciones sexuales al año denunciadas, pero son solo una parte de los abusos que se viven en silencio. Hay estudios sobre niñas y adolescentes con maternidades tempranas que dan cuenta de que ese embarazo fue el resultado de situaciones de violencia que ya tenían años”, indica Rocío Gutiérrez, subdirectora del Movimiento Manuela Ramos.
Con ella coincide Liz Meléndez, directora del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, quien agrega que es indispensable que todo caso de violencia sexual, desde el acoso callejero, tocamientos u hostigamiento, sea atendido con inmediatez y que se garantice un seguimiento adecuado de los agresores para evitar que reincidan.
Una herramienta para el seguimiento es el Registro Único de Víctimas y Personas Agresoras (RUVA), creado en el 2018 como parte de la Ley 30364, pero aún está en proceso de planeamiento y al cual solo podrán acceder operadores de justicia. En opinión de Meléndez, este registro debería ser de acceso público para garantizar que ninguna persona con antecedentes por violencia sexual pueda trabajar en colegios, instituciones del Estado o ámbitos privados que involucren a menores.
Más que sanción
Lo que sigue tras la prisión preventiva de Enríquez García es, indica Meléndez, que la fiscalía acuse y se inicien las audiencias con celeridad para evitar que el caso se prolongue y venza la medida preventiva. Según estadística del INPE, en el país un 29.7% de presos por violencia sexual de menores no tiene sentencia todavía.
Pero más allá de garantizar una sanción célere, ambas especialistas recuerdan que el Estado tiene la obligación de prevenir que no haya más niños violentados. Según Rocío Gutiérrez, falta presupuesto y liderazgo para ejecutar las políticas públicas existentes relacionadas con la prevención de violencia sexual y de género. “La educación sexual integral es una política elemental de prevención. Se debe educar a los niños para que sepan identificar momentos de riesgo, para que puedan hablar con un adulto cuando se sientan amenazados o buscar ayuda cuando sean violentados”, explica.
En este punto, la participación vecinal resulta clave para romper con los círculos de indiferencia. La especialista resalta que, en el caso del secuestro y violación en Chiclayo, por ejemplo, fueron los vecinos los que se movilizaron y viralizaron en redes sociales acciones de búsqueda de la menor. “Tenemos Demunas abandonadas cuando podrían ser instancias con presupuesto adecuado, personal capacitado y vínculos con la comunidad que facilite que hayan diferentes ojos y oídos para estar alertas a situaciones que amenazan la seguridad e integridad de niños y niñas”, dice Rocío.
Sobre este tema, Elizabeth Vásquez, abogada del Programa Nacional Aurora del MIMP, sostiene que se realizan campañas y capacitaciones para sensibilizar a la comunidad y “orientar a los varones para construir una nueva forma de masculinidad” que no permita la transmisión del círculo de violencia. Uno de los ejes de la prevención, indica, es que los padres brinden la confianza necesaria a sus hijos para que ellos acudan a ellos cuando se sientan amenazados.
En el caso de Chiclayo, un equipo del MIMP brinda el acompañamiento legal y psicológico a la familia. Lo que sigue es garantizar la recuperación total de la menor que sigue en un hospital de esa ciudad.
La especialista del MIMP recortó que los profesores, directores de colegio o médicos que sospechen de un caso de violencia sexual tienen la obligación de reportarlo. De hecho cualquier testigo puede hacerlo, solo se necesita acudir a cualquier comisaría del país o llamar a la línea gratuita 100.
Tomado de: Diario El Comercio
