La permanencia en el cargo del alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo, Arturo Fernández Bazán, se vuelve cada vez más insostenible. El exregidor José Miranda Prado anunció que hoy solicitará ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) la vacancia del burgomaestre, luego de que la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad declarara inadmisible el recurso de casación que presentó con la intención de anular su sentencia por difamación agravada.
El burgomaestre fue condenado a un año de prisión suspendida y al pago de S/ 25 mil de reparación civil por agraviar a la teniente de la Policía Nacional Nataly Rojas. Miranda detalló que una vez ingresado su pedido, el Jurado deberá notificar al municipio para que convoque a sesión y, en un plazo de 30 días hábiles, se vote la vacancia. De aprobarse la sanción, Arturo Fernández podría ingresar un recurso de reconsideración, que deberá ser debatido en un nuevo plazo.
“Más o menos en 95 días hábiles se tendría la vacancia en instancia definitiva, porque son dos instancias. Tenemos la instancia administrativa, que le compete al Concejo de Trujillo, y la instancia jurisdiccional, que es competencia del Jurado Nacional de Elecciones”, afirmó. Sobre la sesión convocada para el 14 de setiembre, en donde se debatirá la suspensión del alcalde, dijo que el Jurado deberá evaluar si se continúa o no con este proceso. Ello porque tendría los mismos plazos de la vacancia, y al ser esta última solicitud una sanción definitiva podría optarse por seguir un solo proceso. “Esto ya es potestad del Jurado”, agregó.
Tras conocer que el Poder Judicial de La Libertad rechazó su casación, el alcalde Arturo Fernández anunció que se presentará en las oficinas de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) de Lima para denunciar a los jueces que lo condenaron. Al respecto, el abogado Greco Quiroz indicó que la queja es el último recurso que tiene el burgomaestre. No obstante, consideró que este recurso no prosperará, pues los magistrados que declararon la inadmisibilidad de su pedido emitieron “argumentos contundentes”, señalando que “no se evidencia una adecuada fundamentación de las razones que justificarían el desarrollo jurisprudencial solicitado”.
“Lo único que está buscando es tiempo. Porque el más grave error que cometió Arturo Fernández fue haber admitido la comisión del delito. Si yo considero que se han violado mis derechos constitucionales al debido proceso y considero que este proceso es irregular, mantengo mi postura hasta el final para poder luego cuestionar la sentencia; pero si va a la Sala y dice que acepta haber cometido el delito de difamación, entonces todas las irregularidades que denuncia quedan descartadas”, afirmó Quiroz. El regidor Jorge Vásquez, en tanto, dijo que el pedido para adelantar la sesión y suspender del cargo a Arturo Fernández continúa.
