El exasesor de Alberto Fujimori es acusado por el presunto delito de lesiones graves contra exagente del Servicio de Inteligencia Nacional.
El Poder Judicial absolvió a Vladimiro Montesinos por el delito de lesiones graves contra Leonor La Rosa, la exagente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), quien denunció que en 1997 fue víctima de torturas y violación por parte de militares y agentes de inteligencia.
La Cuarta Sala Penal Liquidadora Nacional Transitoria ha emitido su veredicto después de escuchar las conclusiones finales de Vladimiro Montesinos en las últimas semanas. La defensa de Montesinos había solicitado su absolución en este caso. En este proceso legal también estaban involucrados Nicolás de Bari Hermoza Ríos, exjefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y Julio Salazar Monroe, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN).
Leonor La Rosa, quien anteriormente fue agente del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), informó que sufrió tortura y violación por parte de miembros militares y agentes de inteligencia en febrero de 1997, durante la administración de Alberto Fujimori. Durante los interrogatorios, se le acusó de filtrar documentos «confidenciales» relacionados con los planes criminales del régimen contra periodistas y políticos opositores.
La Rosa Bustamante trabajaba encubierta como relacionista pública en el Hospital Militar de Lima, pero su verdadera tarea era evitar posibles filtraciones de información hacia Chile y Ecuador a través de los agregados militares de dichos países. Años más tarde, admitió haber revelado planes secretos codificados como «Bermudas, Narval y el Pino».
En la actualidad, Leonor La Rosa se encuentra limitada a desplazarse únicamente en una silla de ruedas después de haber quedado parapléjica como consecuencia de una lesión en la médula espinal infligida durante los actos de tortura. Desde 1998, reside en Suecia después de haber obtenido el estatus de refugiada por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). En el año 2002, el expresidente expresidente Alejandro Toledo, en función en ese momento, presentó disculpas en nombre del Estado peruano y se le otorgó una indemnización de 120 mil dólares.