Empresas contratistas que operan en la provincia de Pataz han denunciado presuntos actos de extorsión sistemática en los anexos mineros de la zona, donde se habría instalado un esquema irregular de cobros para permitir el desarrollo de sus actividades.
Según fuentes vinculadas a las contratas, las rondas campesinas, en aparente coordinación con efectivos del Ejército del Perú, estarían exigiendo pagos de 100 soles por cada trabajador para permitir su ingreso a las zonas de operación, además de montos que oscilan entre 3,000 y 5,000 soles por camioneta con víveres o suministros, como “cuota” para dejarlas pasar por las tranqueras.
De acuerdo con los testimonios recogidos, quien estaría al mando de esta medida es un hombre identificado como Jhony, presunto dirigente de una ronda local, quien actuaría en complicidad con un oficial del Ejército de apellido Avellaneda, quien ostentaría el rango de coronel.
“Nos están obligando a pagar para poder trabajar. Si no lo hacemos, simplemente bloquean las tranqueras o amenazan con retener a los conductores. No es una coordinación por seguridad, es una extorsión disfrazada”, denunció un representante de una de las empresas afectadas, quien prefirió mantener su identidad en reserva por temor a represalias.
El esquema, según esta fuente, se habría instaurado en los últimos meses, aprovechando la falta de presencia fiscal y la precaria institucionalidad en la zona, lo que ha convertido a las tranqueras comunales en puntos de control informal pero efectivo.
Los empresarios afectados exigen una intervención inmediata del Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo para investigar estos hechos y garantizar el libre tránsito y desarrollo de actividades económicas en la provincia.
