Una investigación reciente realizada por El Comercio ha revelado que el 44% del personal de la Oficina de Comunicaciones del Congreso no posee un título universitario válido ante la Sunedu. De los 121 empleados contratados, más de un tercio accedió al cargo sin cumplir con requisitos académicos formales, aunque desempeñan funciones técnicas. Los salarios en esta oficina varían entre 5,000 y 8,000 soles mensuales, lo que ha generado preocupación sobre los estándares profesionales que se esperan en un órgano del Estado.
Un punto particularmente polémico de este informe es la presencia de siete afiliados al partido Alianza para el Progreso (APP) dentro de la Oficina de Comunicaciones. Solo uno de ellos, Yuriko Collantes, cuenta con un título universitario registrado ante la Sunedu, el cual obtuvo en la Universidad César Vallejo, vinculada al líder de APP, César Acuña. Los otros seis no tienen estudios superiores debidamente registrados, lo que ha generado sospechas de que los vínculos políticos pudieron haber influido más que la capacitación profesional a la hora de contratar al personal.
Uno de los casos más controversiales es el de una exregidora de un municipio por APP, quien ahora ocupa un puesto administrativo en la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Su tránsito directo desde un cargo político a una posición dentro de la administración pública ha sido visto como una posible muestra de favores partidarios.
Este hallazgo pone en evidencia la falta de transparencia en los procesos de contratación dentro del Congreso, y abre el debate sobre la necesidad de garantizar que los nombramientos en cargos públicos se basen en criterios de mérito, especialmente en áreas como la comunicación institucional.
Por último, la investigación del medio nacional también señala que los puestos en esta oficina no exigen ni experiencia laboral previa ni títulos universitarios para acceder a ellos. Esta carencia de requisitos permite que personas sin formación técnica asuman responsabilidades en cargos remunerados con fondos públicos, lo que podría comprometer la calidad del trabajo institucional y su credibilidad ante la ciudadanía.
