El 10% de los peruanos no tiene agua potable, y el 23% carece de alcantarillado, mientras que, el 15.5% de las viviendas rurales sigue sin acceso a electricidad, de acuerdo con datos de la Sunass y el Plan Nacional de Electrificación Rural 2024-2033.
A pesar de los avances en infraestructura, el Perú aún enfrenta grandes retos en la cobertura de servicios básicos. Según la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el 10% de los peruanos carece de agua potable y el 23% no tiene acceso a alcantarillado, cifras que son más críticas en zonas rurales. Esta carencia afecta directamente la salud y nutrición de los más vulnerables: dos de cada 10 niños menores de cinco años sufren desnutrición crónica, mientras que la mitad de los infantes entre seis meses y tres años padece anemia.
“La falta de agua es una desventaja corrosiva, afecta la salud, la educación, al acceso al trabajo y otras capacidades del ser humano”, advirtió Mauro Gutiérrez, presidente ejecutivo de Sunass, durante el foro “Las Caras del Agua”, organizado junto a la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).
En cuanto a la electrificación rural, aunque la cobertura ha alcanzado un 85.8%, todavía un 15.5% de viviendas rurales carecen de este servicio, según el Ministerio de Energía y Minas (Minem). El Plan Nacional de Electrificación Rural 2024-2033 busca elevar la cobertura al 96% para 2026, priorizando energías renovables en localidades aisladas. Sin embargo, de acuerdo con Víctor Carlos Estrella, exviceministro de Electricidad del Minem, los retrasos por permisos, los bajos niveles de ejecución presupuestal en gobiernos subnacionales y la falta de recursos financieros representan importantes obstáculos.
El acceso a servicios básicos como agua, saneamiento y electricidad es esencial para reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida en el país. Sin embargo, lograrlo exige una planificación eficiente, políticas públicas sostenibles y una mayor inversión estatal que priorice a las comunidades más vulnerables, especialmente frente a los efectos del cambio climático y las brechas históricas que persisten en las zonas rurales del Perú.
